El pasado 4 de marzo el gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Protección de Informantes, cuya normativa insta a las empresas de más de 50 empleados a aplicar sistemas internos de información y denuncia que garanticen el anonimato, la confidencialidad y la protección de todos aquellos que informen sobre irregularidades en sus empresas. Aquellas compañías que no cumplan con las obligaciones impuestas por esta ley podrían enfrentarse a sanciones que van hasta un millón de euros.
De esta manera, la aprobación del Anteproyecto de Ley marca la cuenta atrás...
